La recién promulgada Ley de Seguridad Ciudadana, destinada a crear un marco regulador más restrictivo frente a las protestas sociales, también halla entre sus principales consecuencias un importante espaldarazo a las empresas de seguridad privada, plasmado en el proyecto de ley relativo a este sector. El objetivo del Estado consiste en derivar parte de la seguridad nacional al ámbito privado bajo el argumento de que la situación financiera actual provoca serias deficiencias en dicho campo a causa de la escasez de recursos y las dificultades para el crecimiento y la formación de las fuerzas públicas.
En este sentido, el Ministerio del Interior defiende que la existencia en España de un menor número de vigilantes privados por habitante en relación con otros países de la Unión Europea como Francia, Alemania y sobre todo Reino Unido, abre una amplia oportunidad de expansión para un sector que en nuestro país emplea a casi 100.000 personas y factura alrededor de 3.600 millones de euros al año. La Ley de Seguridad Privada contempla que estos cuerpos de seguridad contratados puedan realizar su servicio en espacios como el exterior de los centros penitenciarios y algunos edificios públicos, si bien el departamento insiste que nunca sustituirán a las fuerzas públicas en asuntos fundamentales.
Sin embargo, la ley habilita el patrullaje de espacios abiertos y la realización de detenciones y registros en la vía pública en caso de considerarse que el sospechoso se encontraba cometiendo un delito flagrante. A su vez, la seguridad privada podrá acometer tareas de control y vigilancia en zonas comerciales peatonales previa solicitud de los comerciantes del entorno, siempre en coordinación y contacto con los cuerpos de seguridad públicos competentes, quienes son los encargados de autorizar la acción. Otros lugares en los que se prevé la presencia preeminente de los servicios privados de seguridad serán los polígonos industriales, las urbanizaciones, las vías de uso común o la vigilancia de acontecimientos deportivos, culturales y eventos de relevancia social celebrados en espacios públicos.
Según el Ministerio, la ley otorga un respaldo legal a actuaciones que se vienen prestando sin problemas desde hace tiempo. Menos favorables se muestran en cambio los representantes de los principales organismos de seguridad pública. En declaraciones recogidas por el diario El País, José María Benito, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), arguyó que estas medidas generarán “muchos problemas” entre la policía y los vigilantes. Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles se mostró “rotundamente en contra” de la ley, ya que considera que comporta “una privatización encubierta” de la seguridad pública e incentiva la aparición de “policías baratos”, menos formados para su cometido.
En cualquier caso, ante las perspectivas de la seguridad como fructífera salida profesional en tiempos de crisis, los cursos de seguridad privada en academias especializadas como Centrosef y los cursos para vigilante de seguridad auguran un incremento notable en el número de matriculaciones.
La seguridad del hogar: una preocupación prioritaria
Más allá de la justificación ética y social de la nueva normativa, lo que refleja la ley es la sensación de inseguridad extendida por el ciudadano medio, producto de la inestabilidad económica característica de tiempos de 
crisis, la desconfianza hacia ciertos núcleos de población extranjera y el alarmismo incendiario propagado por los medios de comunicación de masas. Según datos acerca de los procedimientos penales iniciados en el año 2012, la criminalidad en España ha experimentado un descenso de alrededor del 3 por ciento, si bien sí se podía apreciar cierto incremento cuantitativo en delitos como el robo en viviendas o los delitos de índole sexual contra menores. Destaca por tanto los robos con intimidación o uso de la fuerza en casas ocupadas y locales abiertos al público, donde la sustracción de oro por parte de bandas organizadas llama especialmente la atención.
La protección de la vivienda se ha convertido entonces en una de las principales actuaciones preventivas contra la criminalidad. Cerrajeros en Pamplona como Vizcay destacan la popularidad de instalar blindajes y sistemas de seguridad especiales en las puertas del hogar. Por su parte, tras sus tres décadas de experiencia en el sector, Seguridad Levante, empresa de seguridad en Valencia, zona de significativa incidencia de este tipo de robos, recomienda emprender medidas de seguridad de manera anterior a cualquier tipo de amenaza.
Por ejemplo, los circuitos de televisión privados (CCTV) permiten ejercer una vigilancia a tiempo completo sobre la vivienda o negocio a través de cámaras dotadas de los últimos recursos de la tecnología, ya se trate de cámaras de conmutación en color o blanco y negro, cámaras IP, videograbadoras digitales con o sin conexión remota, monitores TFT, etcétera. Otro caso es el de los sistemas de alarma e intrusiones; es decir, dispositivos que reaccionan creando una alarma a partir del ingreso de personas no autorizadas dentro de un recinto delimitado y en un espacio de tiempo prefijado. Otra versión similar es la ofertada por los sistemas de control de acceso, los cuales registran las entradas y salidas de personas y vehículos dentro de una propiedad por medio de lectores biométricos, informáticos, magnéticos… en conexión con gestores controlados in situ o de forma remota.
Por otro lado, si se pretende proteger en particular determinados objetos o artículos, aparte de las tradicionales cajas fuertes de superficie, sobremesa, empotrables… Las alarmas antihurto con tecnología de radio frecuencia son la opción ideal. Es el método más habitual adoptado por tiendas de moda, supermercados y todo tipo de negocios, ya que su sistema de etiquetas adhesivas y etiquetas rígidas combina sencillez y efectividad.
Seguridad en el mar
La seguridad náutica en las actividades marítimas y subacuáticas es una cuestión de crucial relevancia que ha de observar y cumplir tanto el patrón de recreo de un yate como los responsables del alquiler de hidropedales en la costa. Entre las medidas fundamentales del sector se encuentra, en primer lugar, la revisión y el uso indispensable de chalecos salvavidas. Entre los elementos mínimos de seguridad con los que ha de contar una embarcación, se encuentran los extintores, cuyo número y disposición ha de ir en proporción al tamaño de la nave y las personas en ella albergadas, las señalizaciones de emergencia, escaleras, extintores y demás servicios útiles, los detectores de humo, las puertas cortafuegos para escape y refugio en caso de incendio, las balsas salvavidas y herramientas salvavidas básicos como silbatos de advertencia y pistolas de bengalas incendiarias.
